DENUNCIA PRIVACIONES ILEGÍTIMAS DE LA LIBERTAD
LUNES 20 DE MAYO DE 2013 11:18
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Entrevista al periodista Emilio Ruchansky, quien denuncia los “tratamientos compulsivos” de las clínicas privadas de rehabilitación para consumidores de drogas. "El problema es que no se los puede denunciar porque la Ley de Salud Mental no está reglamentada".
APU: ¿Cuál es el panorama de estas clínicas que estás denunciando?
Emilio Ruchansky: Hay clínicas que están ofreciendo tratamientos compulsivos sin ninguna medida judicial de por medio. Esto es ilegal, porque si una persona no se quiere tratar tiene que haber una medida judicial, lo cual termina siendo, básicamente, una cárcel privada. Hay una nueva Ley de Salud Mental que prohíbe esto y que con todo ese tipo de clínicas no está reglamentada. Es una ley que costó mucho sacar, incluso, cuando salió yo mismo estaba extrañado de que las corporaciones psiquiátricas, las mismas granjas que tienen poder de lobby y los laboratorios hubieran permitido que salga una ley así.
El Código Civil va a limitar esta ley que no está reglamentada, la verdad que esto todavía se va a complicar más. Hay muchos casos de chicos que se escapan de estas granjas, se han hecho denuncias, algunos de estos chicos fueron denunciados por escaparse, porque tuvieron que golpear a alguien o robarle plata a alguien para poder viajar. Estos muchachos son judicializados por ser pobres y terminan en granjas por algún tipo de adicción, por ahí se fumaron un porro y eran menores de edad.
Adentro de esas granjas, la mayor parte de las veces, el tipo de tratamiento se basa en la tortura de la persona o en condicionar los reflejos, es decir, torturarlos mentalmente para que no vuelvan a consumir, como si el problema fuera el consumo. Muchas veces el problema es otro, no es la cantidad de droga que se consume, sino que están en condiciones de pobreza o marginalidad. Hemos cubierto casos donde a los chicos los hacen llenar una pileta con baldes de agua y después vaciarlas o limpiar el piso con cepillos de dientes mientras tienen que decir, “soy un falopero de mierda”.
Cosas así donde todo el tiempo se quiere condicionar a alguien como si fuera un soldado, como si uno pudiera condicionar ese tipo de comportamiento. Muchas veces esas personas con tener una terapia ambulatoria y estar cerca de su familia estarían bien. Cuando llega esta Ley de Salud Mental, cambia todo eso porque la ley dice que una persona no puede estar encerrada indefinidamente. Se pone la internación como último recurso pero para estas granjas es el primer recurso, eso también cambia muchísimo.
El problema es que no se los puede denunciar porque esta ley no está reglamentada. Sé que la Defensora General de la Nación no tiene nada que ver porque no depende de ella la reglamentación. Los que investigamos estos temas tenemos una impotencia muy grande, los funcionarios judiciales, cuando nosotros hacemos denuncias, entran en un lugar, mayormente están en la Provincia de Buenos Aires y hay en otros lugares también pero que después no siguen.
Insisto, no son pacientes, son personas secuestradas la mayoría de las veces y nadie va preso por quitarle la libertad a un montón de personas. Alguien se tiene que encargar de esos fiscales que no investigan, de esos defensores que no defienden, de esos jueces que no fallan y estas personas de granjas se salen con la suya, habría que meterlos presos.
APU: La denuncia que hacés es que uno llama a estas clínicas para internar a algún familiar y aceptan inmediatamente.
ER: Sí, claro. En el caso de la nota que publiqué, ellos vieron que los estábamos investigando y cambiaron el discurso. Pero más allá de eso, la oferta es totalmente trucha, porque las familias muchas veces pagan mucha plata, ilusionados con que los chicos se van a curar así, con esto de los reflejos condicionados. La verdad que este tipo de tratamientos se da sobre narcóticos anónimos y esto ya era un poquito pasado, no es la forma y esas personas cuando tienen una recaída, realmente recaen fuerte.
Este es un sistema que se basa en que la persona no puede volver a consumir durante el tratamiento, es una abstención absoluta. Para nosotros eso no es real y tampoco es la forma de acercarse a una persona que tiene problemas de consumo. La manera de acercarse no es denigrarla o pretender que deje de consumir de la noche a la mañana. Existen otras situaciones, problemas de personas que necesiten hacer un tratamiento por sustitución, personas que necesitan una medicación pero no como castigo sino porque la necesitan, eso no se va a plantear nunca en este tipo de lugares.
En ese tipo de lugares lo que tratan es de mantenerte alejado, meses, años, es una locura porque es casi como estar preso. Recuerdo uno de los juicios que fue tapa de THC, el primer año que empezamos con la revista, denunciamos el caso y mucho tiempo después se hizo el juicio contra los chicos porque le habían robado una mochila a un celador. El mismo celador que los torturó, reconoció en el juicio que él también se habría escapado porque ese lugar es peor que una cárcel.
En una cárcel también te torturan pero no es sistemático, esto sí es sistemático, parte del tratamiento es torturar a una persona mentalmente, incluso, físicamente. Esto es increíble, a veces no nos damos cuenta que éstas son cárceles clandestinas, no estoy exagerando, son centros clandestinos de detención y tortura que está probado en el expediente judicial. Lo más preocupante es que a nadie le importa, porque como son adictos le podemos hacer cualquier cosa.
Igual que ese mismo discurso que se aplicó tantos años a la locura, -y bueno son locos, si le aplicamos electroshock, los torturamos, los golpeamos, quién se va a dar cuenta-, es lo mismo.
APU: Hay un problema de información, que ustedes están encarando con acciones como la que desarrollaron con la Universidad de Quilmes, porque como decís, es la propia familia la que lleva a los chicos o a cualquier sujeto a ese lugar.
ER: Sí, la Defensora Stella Maris Martínez dijo que había una complicidad de la familia y yo creo que realmente la hay; pero no podemos meter presa a la familia, aunque muchas veces te dan ganas. Hay chicos muy pobres pero también hay chicos de clase media alta, clase alta y son familias que no quieren a sus hijos drogados y prefieren meterlos presos ilegalmente, clandestinamente. A veces es desesperante porque hay gente bien formada culturalmente, hace poco me ha tocado un caso de una granja que los internados se escaparon, personas que supuestamente estaban como pacientes y fueron los familiares los que los rescataron.
Es el único caso que conozco que los familiares fueron y se quejaron porque no los dejaban ver a sus hijos, a sus sobrinos o lo que sea y finalmente terminaron yendo patoteramente a rescatarlos. Generalmente, los familiares lo que tratan es de esconder un problema o tienen mucho desconocimiento. Si hay una complicidad, en términos legales podría haberla, lo creo, es que si una persona –y esto corre por mi cuenta- es fascista, con estas situaciones totalitarias que se tiene ante una persona que se droga o ante un loco, esto de que hay que curarlo, ahí hay todo un borde fascista y toda una sociedad que banca ese tipo de cosas, en la derecha y en la izquierda.
Acá no distingo partidos políticos ni ideología porque todos piensan la misma mierda, que una persona que se está drogando o un consumidor de paco, hay que meterlo adentro de algún lugar y sacarla de circulación. No es que hay que acercarse y ver, aceptar que está consumiendo una droga y ayudarlos, acá los familiares actúan de una forma fascista como diciendo “metelo preso y punto”. Si tienen responsabilidad penal o no, no lo sé, éticamente la tienen pero también pienso que nadie es culpable de ser fascista, seguramente está mal ser fascista, obviamente que está mal, pero lo que digo es que no puedo meter a nadie preso por ser un fascista.
Se debe meter preso a la persona que cuadra con ese discurso, al que te ofrece meter preso a tus hijos, es complejo. Pero no tengo ninguna duda que la persona que te está ofreciendo a vos ese servicio de ir a buscarlos porque incluso, he visto casos donde te van a buscar como el caso de esta granja. Usaban a la gente que estaba internada a la cual le lavaban la cabeza para ir a buscar a otros pibes, cagarlos a trompadas, meterlos adentro de un auto y llevarlos a la granja.
Eso ya es secuestro, privación ilegítima de la libertad, cosas que no vemos pero que están pasando. A nadie le importa, no hay forma de controlarlo porque el sistema de salud mental está trabado. Hoy el Gobierno tiene una responsabilidad enorme, el Gobierno impulsó esta ley, la permitió y no la reglamenta, el Gobierno es conciente de que esto es así.
Básicamente el Ministerio de Salud está detrás de esto, está agitando esta ley y lo que me preocupa es que un gobierno que entendió la importancia que tenía este tema, hoy permita que esté paralizado y que uno está denunciando de la manera que podemos. Yo trabajo en Página/12, soy redactor, tenemos la oportunidad con el apoyo del diario de denunciar estos casos y sin embargo no llegamos a ningún lado. Creo que esta es una de las cosas que tenemos que criticarle al gobierno, ir hasta el fondo y que nos explique por qué Manzur no está moviendo esta ley.
Emilio Ruchansky: Hay clínicas que están ofreciendo tratamientos compulsivos sin ninguna medida judicial de por medio. Esto es ilegal, porque si una persona no se quiere tratar tiene que haber una medida judicial, lo cual termina siendo, básicamente, una cárcel privada. Hay una nueva Ley de Salud Mental que prohíbe esto y que con todo ese tipo de clínicas no está reglamentada. Es una ley que costó mucho sacar, incluso, cuando salió yo mismo estaba extrañado de que las corporaciones psiquiátricas, las mismas granjas que tienen poder de lobby y los laboratorios hubieran permitido que salga una ley así.
El Código Civil va a limitar esta ley que no está reglamentada, la verdad que esto todavía se va a complicar más. Hay muchos casos de chicos que se escapan de estas granjas, se han hecho denuncias, algunos de estos chicos fueron denunciados por escaparse, porque tuvieron que golpear a alguien o robarle plata a alguien para poder viajar. Estos muchachos son judicializados por ser pobres y terminan en granjas por algún tipo de adicción, por ahí se fumaron un porro y eran menores de edad.
Adentro de esas granjas, la mayor parte de las veces, el tipo de tratamiento se basa en la tortura de la persona o en condicionar los reflejos, es decir, torturarlos mentalmente para que no vuelvan a consumir, como si el problema fuera el consumo. Muchas veces el problema es otro, no es la cantidad de droga que se consume, sino que están en condiciones de pobreza o marginalidad. Hemos cubierto casos donde a los chicos los hacen llenar una pileta con baldes de agua y después vaciarlas o limpiar el piso con cepillos de dientes mientras tienen que decir, “soy un falopero de mierda”.
Cosas así donde todo el tiempo se quiere condicionar a alguien como si fuera un soldado, como si uno pudiera condicionar ese tipo de comportamiento. Muchas veces esas personas con tener una terapia ambulatoria y estar cerca de su familia estarían bien. Cuando llega esta Ley de Salud Mental, cambia todo eso porque la ley dice que una persona no puede estar encerrada indefinidamente. Se pone la internación como último recurso pero para estas granjas es el primer recurso, eso también cambia muchísimo.
El problema es que no se los puede denunciar porque esta ley no está reglamentada. Sé que la Defensora General de la Nación no tiene nada que ver porque no depende de ella la reglamentación. Los que investigamos estos temas tenemos una impotencia muy grande, los funcionarios judiciales, cuando nosotros hacemos denuncias, entran en un lugar, mayormente están en la Provincia de Buenos Aires y hay en otros lugares también pero que después no siguen.
Insisto, no son pacientes, son personas secuestradas la mayoría de las veces y nadie va preso por quitarle la libertad a un montón de personas. Alguien se tiene que encargar de esos fiscales que no investigan, de esos defensores que no defienden, de esos jueces que no fallan y estas personas de granjas se salen con la suya, habría que meterlos presos.
APU: La denuncia que hacés es que uno llama a estas clínicas para internar a algún familiar y aceptan inmediatamente.
ER: Sí, claro. En el caso de la nota que publiqué, ellos vieron que los estábamos investigando y cambiaron el discurso. Pero más allá de eso, la oferta es totalmente trucha, porque las familias muchas veces pagan mucha plata, ilusionados con que los chicos se van a curar así, con esto de los reflejos condicionados. La verdad que este tipo de tratamientos se da sobre narcóticos anónimos y esto ya era un poquito pasado, no es la forma y esas personas cuando tienen una recaída, realmente recaen fuerte.
Este es un sistema que se basa en que la persona no puede volver a consumir durante el tratamiento, es una abstención absoluta. Para nosotros eso no es real y tampoco es la forma de acercarse a una persona que tiene problemas de consumo. La manera de acercarse no es denigrarla o pretender que deje de consumir de la noche a la mañana. Existen otras situaciones, problemas de personas que necesiten hacer un tratamiento por sustitución, personas que necesitan una medicación pero no como castigo sino porque la necesitan, eso no se va a plantear nunca en este tipo de lugares.
En ese tipo de lugares lo que tratan es de mantenerte alejado, meses, años, es una locura porque es casi como estar preso. Recuerdo uno de los juicios que fue tapa de THC, el primer año que empezamos con la revista, denunciamos el caso y mucho tiempo después se hizo el juicio contra los chicos porque le habían robado una mochila a un celador. El mismo celador que los torturó, reconoció en el juicio que él también se habría escapado porque ese lugar es peor que una cárcel.
En una cárcel también te torturan pero no es sistemático, esto sí es sistemático, parte del tratamiento es torturar a una persona mentalmente, incluso, físicamente. Esto es increíble, a veces no nos damos cuenta que éstas son cárceles clandestinas, no estoy exagerando, son centros clandestinos de detención y tortura que está probado en el expediente judicial. Lo más preocupante es que a nadie le importa, porque como son adictos le podemos hacer cualquier cosa.
Igual que ese mismo discurso que se aplicó tantos años a la locura, -y bueno son locos, si le aplicamos electroshock, los torturamos, los golpeamos, quién se va a dar cuenta-, es lo mismo.
APU: Hay un problema de información, que ustedes están encarando con acciones como la que desarrollaron con la Universidad de Quilmes, porque como decís, es la propia familia la que lleva a los chicos o a cualquier sujeto a ese lugar.
ER: Sí, la Defensora Stella Maris Martínez dijo que había una complicidad de la familia y yo creo que realmente la hay; pero no podemos meter presa a la familia, aunque muchas veces te dan ganas. Hay chicos muy pobres pero también hay chicos de clase media alta, clase alta y son familias que no quieren a sus hijos drogados y prefieren meterlos presos ilegalmente, clandestinamente. A veces es desesperante porque hay gente bien formada culturalmente, hace poco me ha tocado un caso de una granja que los internados se escaparon, personas que supuestamente estaban como pacientes y fueron los familiares los que los rescataron.
Es el único caso que conozco que los familiares fueron y se quejaron porque no los dejaban ver a sus hijos, a sus sobrinos o lo que sea y finalmente terminaron yendo patoteramente a rescatarlos. Generalmente, los familiares lo que tratan es de esconder un problema o tienen mucho desconocimiento. Si hay una complicidad, en términos legales podría haberla, lo creo, es que si una persona –y esto corre por mi cuenta- es fascista, con estas situaciones totalitarias que se tiene ante una persona que se droga o ante un loco, esto de que hay que curarlo, ahí hay todo un borde fascista y toda una sociedad que banca ese tipo de cosas, en la derecha y en la izquierda.
Acá no distingo partidos políticos ni ideología porque todos piensan la misma mierda, que una persona que se está drogando o un consumidor de paco, hay que meterlo adentro de algún lugar y sacarla de circulación. No es que hay que acercarse y ver, aceptar que está consumiendo una droga y ayudarlos, acá los familiares actúan de una forma fascista como diciendo “metelo preso y punto”. Si tienen responsabilidad penal o no, no lo sé, éticamente la tienen pero también pienso que nadie es culpable de ser fascista, seguramente está mal ser fascista, obviamente que está mal, pero lo que digo es que no puedo meter a nadie preso por ser un fascista.
Se debe meter preso a la persona que cuadra con ese discurso, al que te ofrece meter preso a tus hijos, es complejo. Pero no tengo ninguna duda que la persona que te está ofreciendo a vos ese servicio de ir a buscarlos porque incluso, he visto casos donde te van a buscar como el caso de esta granja. Usaban a la gente que estaba internada a la cual le lavaban la cabeza para ir a buscar a otros pibes, cagarlos a trompadas, meterlos adentro de un auto y llevarlos a la granja.
Eso ya es secuestro, privación ilegítima de la libertad, cosas que no vemos pero que están pasando. A nadie le importa, no hay forma de controlarlo porque el sistema de salud mental está trabado. Hoy el Gobierno tiene una responsabilidad enorme, el Gobierno impulsó esta ley, la permitió y no la reglamenta, el Gobierno es conciente de que esto es así.
Básicamente el Ministerio de Salud está detrás de esto, está agitando esta ley y lo que me preocupa es que un gobierno que entendió la importancia que tenía este tema, hoy permita que esté paralizado y que uno está denunciando de la manera que podemos. Yo trabajo en Página/12, soy redactor, tenemos la oportunidad con el apoyo del diario de denunciar estos casos y sin embargo no llegamos a ningún lado. Creo que esta es una de las cosas que tenemos que criticarle al gobierno, ir hasta el fondo y que nos explique por qué Manzur no está moviendo esta ley.
